En la edición 2026 el programa contará con una inversión total de 216 millones de pesos, que serán distribuidos equitativamente en todos los municipios del departamento.
El presupuesto participativo cumple 20 años y se consolida como una de las principales herramientas impulsadas por la Intendencia de Montevideo a través de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
Con dos décadas de trayectoria desde su primera edición en 2006, esta política pública de la Intendencia de Montevideo continúa apostando a fortalecer el involucramiento ciudadano en la definición de obras y mejoras para los barrios.
El director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación en Intendencia de Montevideo, Claudio Visillac, explicó al Semanario Montevideo al Día que la edición 2026, el programa contará con una inversión total de 216 millones de pesos, distribuidos equitativamente en 27 millones por municipio.
“Esta asignación busca garantizar que todos los territorios cuenten con oportunidades para que vecinos, vecinas y colectivos locales presenten iniciativas con vocación comunitaria, orientadas a transformar el entorno y mejorar la apropiación del espacio público”, explicó.
El lanzamiento oficial se realizó el 9 de abril en el Espacio Colabora, marcando el inicio de una nueva etapa que incorpora ajustes y aprendizajes acumulados a lo largo de los años y contó con la presencia del exintendente Ricardo Ehrlich, impulsor de la primera edición, en reconocimiento al camino recorrido.
Visillac señaló que el proceso fue revisado junto a los concejos vecinales, en instancias de intercambio realizadas a fines de 2025 y comienzos de 2026, lo que derivó en modificaciones en las reglas del programa.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período de votación electrónica, que pasará de una a dos semanas previas a la instancia presencial. Esta decisión responde al crecimiento sostenido de esta modalidad, que en la edición anterior registró un aumento del 143% en la participación. Además, se busca fortalecer el vínculo entre candidatos, propuestas y vecinos durante un período más extendido.
Otra de las innovaciones apunta a promover una mayor alternancia entre las organizaciones beneficiarias. En este sentido, las instituciones que resultaron ganadoras en los ciclos 2021 y 2023 no podrán presentarse en 2026, con el objetivo de abrir espacio a nuevas iniciativas y actores comunitarios.
Asimismo, se definieron criterios más claros para canalizar determinadas propuestas, especialmente aquellas vinculadas a movilidad y tránsito, que serán derivadas a los ámbitos de gestión correspondientes. También se introdujeron precisiones respecto a la participación de determinadas figuras institucionales.
“Más allá de los aspectos operativos, el valor del presupuesto participativo trasciende la ejecución de obras concretas. La experiencia acumulada demuestra que estas instancias generan impactos sociales duraderos, promoviendo la organización vecinal y la construcción de tejido comunitario”, indicó el director.
Comentó además que, en muchos casos, proyectos surgidos de este mecanismo —como la mejora de espacios públicos— derivan en procesos de cogestión, donde los propios vecinos continúan involucrados en el cuidado, uso y planificación de esos lugares. “Esto habilita nuevas formas de participación, donde la ciudadanía no solo propone, sino que también incide activamente en la gestión y en la toma de decisiones sobre su entorno”, agregó.
De este modo, el presupuesto participativo se reafirma como un instrumento clave para profundizar la democracia local, poniendo en el centro a las personas, a los colectivos organizados y a su capacidad de transformar la realidad de sus barrios a través de la participación activa.
